La profunda crisis económica que vivimos se ha acompañado de una movilización comunitaria generalizada para hacer visible la opinión ciudadana y abrir paso a cambios estructurales a nivel sociopolítico que, con diferente signos, se hacen ver en todo el mundo, y también en España.
Es especialmente ahora, en tiempos de movilización ciudadana, cuando justificadamente se reclama un mayor compromiso de todas las instituciones con la comunidad, sus realidades y necesidades diversas a cuyo servicio se deben.
Es cierto que la crisis económica nos lleva a centrarnos necesaria y urgentemente en los graves problemas sociales del desempleo y la pérdida de recursos de primera necesidad, pero también es cierto que es éste el momento en que las entidades culturales públicas deben prestar todo su apoyo a la comunidad, esforzándose por seguir haciendo realidad el derecho de acceso y disfrute de la cultura, y la participación en ella.
Es tiempo de construir un espacio común de encuentro, apoyo y participación de la comunidad en sus entidades culturales mediante la implementación de programas y proyectos que respondan realmente a esas comunidades.
Resulta obvio, sin embargo, que ese seguir haciendo realidad el derecho de acceso y participación en la cultura es una máxima díficil de lograr cuando los recursos presupuestarios con los que se cuentan se reducen drásticamente, con lo que ello conlleva respecto a las posibilidades reales de servicio y acción cultural que puedan desarrollarse. Y sin embargo, no es imposible.
